La Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE) rechaza de pleno el anteproyecto de ley diseñado por el Ministerio de Trabajo para reordenar las bonificaciones y los incentivos a la contratación laboral, a través del cual operará una revisión sustancial de las bonificaciones para contratar personas con discapacidad, amenazando el empleo de cerca de 100.000 trabajadores con discapacidad.
El borrador actual de esta nueva normativa se ha formulado con una urgencia injustificada, basándose en informes insuficientes y desactualizados y sin mediar diálogo alguno, con unos contenidos que pretenden acabar con las actuales bonificaciones e incentivos para la contratación laboral de las personas con discapacidad. En concreto, el borrador recoge la sustitución de la bonificación del 100% de la cotización por unas cuantías básicas y mínimas, y no incorpora elementos de ponderación o de revisión de ningún tipo ante mayores salarios de los trabajadores, ni revisiones del SMI, que representan factores especialmente críticos en unas condiciones socio económicas adversas como las actuales.
El anteproyecto desvincula el importe de las ayudas de las obligaciones en materia de cotización que impone la Administración y, en consecuencia, se introducen nuevos y mayores costes que van a entorpecer sensiblemente el objetivo de equiparación y mejora de los salarios entre las personas con discapacidad y, por tanto, la reducción de la brecha salarial. En definitiva, la medida viene a establecer nuevas cargas a los centros especiales de empleo que dificultarán la creación de puestos de trabajo más cualificados en categorías superiores o incrementos salariales en las categorías más bajas.
Además, el anteproyecto elimina toda ayuda a la contratación temporal para fomentar el empleo de las personas con discapacidad y segmenta las ayudas en función del género, la edad o el grado/tipo de discapacidad. Estas medidas, además de ignorar la realidad de los centros especiales de empleo, van a dificultar aún más el acceso al empleo, generando una intradiscriminación entre personas que por su discapacidad afrontan ya, en todos los casos, barreras importantes para su integración laboral en su día a día.
Cabe recordar que en la actualidad cerca de 100.000 personas con discapacidad trabajan en alguno de los 2.300 centros especiales que operan el país, si bien las brechas en los índices de actividad, empleo y paro entre las personas con discapacidad y el resto de la población continúan siendo muy elevadas y no pueden ser relegadas en las políticas de empleo.
La pretendida revisión del sistema llevará aparejada una pérdida de competitividad y una incertidumbre a los centros especiales de empleo, cuya sostenibilidad podría resultar inviable sin las ayudas a la cotización que les han venido permitiendo desarrollar sus actividades con esas plantillas especiales, compitiendo con otras empresas ordinarias en diferentes sectores.
En definitiva, esta revisión crea una gran incertidumbre sobre el modelo del empleo protegido y, en última instancia, perjudica la integración laboral de las personas con discapacidad que ven en el mismo una opción de vida, la fórmula para su integración y que, sin justificación alguna, se pueden ver relegadas ante otras prioridades de las políticas de empleo.
Esta medida del Gobierno pone en serio peligro la viabilidad de las iniciativas de los Centros Especiales de Empleo que, con plantillas del 70% de personas con discapacidad, concilian proyectos empresariales con la integración de uno de los colectivos más desfavorecidos. Por este motivo, CONACEE, como confederación que agrupa a estos centros especiales de empleo, ha formulado sus aportaciones al Anteproyecto en la fase de consulta pública cerrada el viernes pasado.
Asimismo, desde CONACEE se ha iniciado una ronda de visitas a representantes de Administraciones nacionales y autonómicas y a grupos políticos para exponer sus reivindicaciones y lograr apoyos frente a esta medida. En este sentido, este miércoles, representantes de la Junta Directiva de CONACEE liderados por el recién nombrado presidente de la patronal, Gregorio García Brunelli, han mantenido sendas reuniones con los Diputados del Grupo Parlamentario VOX España, Juan José Aizcorbe, Georgina Trías y María Ruiz Solas, y con la Diputada y Vicesecretaria de Asuntos Sociales del Partido Popular, Carmen Navarro, en las que han manifestado su total rechazo y oposición a este nuevo anteproyecto, llevado a cabo sin apenas haber mantenido el necesario diálogo con las patronales de la discapacidad y sin valorar correctamente la problemática que se derivará de esta medida.
Por último, esta patronal reclama transparencia sobre los contenidos del Libro Blanco de la Discapacidad que se está ultimando por parte del Ejecutivo y que podría determinar el sentido final de la reforma, ya que, como otras muchas entidades del sector, CONACEE no ha sido incluido en ese “contacto permanente” que mantiene Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para su elaboración.
Pese a las afirmaciones del Ministerio de Trabajo indicando que la tramitación del Anteproyecto se encuentra “en fase hiperpreliminar”, CONACEE denuncia públicamente que, de prosperar y aprobarse el mismo a finales de este año –según han señalado–, en los términos publicados o incorporando unos contenidos del Libro Blanco que a día de hoy se desconocen, se provocará el efecto contrario al pretendido: perjudicar, si cabe aún más, a uno de los colectivos más desfavorecidos de nuestro país, el de las personas con discapacidad, acabando al mismo tiempo con una fórmula de acceso al empleo de éxito, única en Europa.