El empleo es un elemento esencial para garantizar la igualdad de oportunidades para todas las personas y contribuye decisivamente en la participación plena de la ciudadanía en la vida económica, cultural y social, así como a su desarrollo personal. Las personas con discapacidad, especialmente aquéllas que presentan una discapacidad severa, conforman un grupo con altos niveles de desempleo.
Uno de los objetivos básicos de la política de empleo de las personas trabajadoras con discapacidad es su integración en el sistema ordinario de trabajo o, si no es posible, su incorporación al sistema productivo mediante la fórmula especial de trabajo protegido.
Para el cumplimiento de este objetivo, la normativa contempla diferentes medidas que fomentan el empleo de los trabajadores con discapacidad, tales como el establecimiento de un sistema de intermediación laboral, el empleo con apoyo, los enclaves laborales, o la regulación de medidas de acción positiva en las políticas activas de empleo (reserva de puestos, subvenciones por la contratación, bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social, desgravaciones fiscales, etc.)
Se consideran personas con discapacidad, a efectos de las políticas de empleo, aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
Las iniciativas dirigidas a fomentar el empleo de las personas con discapacidad se agrupan según vayan destinadas a facilitar la incorporación al empleo ordinario , o al empleo protegido. Existen otras medidas, como los centros ocupacionales que no son propiamente una modalidad de empleo, sino una actividad asistencial. Información estadística sobre empleo de personas con discapacidad se encuentra disponible en la web Instituto Nacional de Estadística (INE) y sobre la evolución de la contratación en el Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
Empleo ordinario
Entre las medidas en este ámbito se encuentran las siguientes:
- Las dirigidas a facilitar la incorporación de las personas con discapacidad a la empresa ordinaria, como son la cuota de reserva de puestos de trabajo y los incentivos económicos a la contratación. Cuota de reserva: las empresas con 50 o más personas en plantilla han de reservar el 2% de los puestos de trabajo para las personas con discapacidad, tal y como se establece en la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social y su cumplimiento se puede sustituir por acciones alternativas, que se regulan en el Real Decreto 364/2005. Los incentivos a la contratación consisten en subvenciones por contratos, bonificaciones y exenciones de cuotas, deducciones fiscales y subvenciones a la adaptación de puestos de trabajo.
- Las destinadas al fomento del autoempleo, que financian proyectos empresariales, proyectos de autoempleo de personas trabajadoras por cuenta propia y conceden subvenciones para la constitución de cooperativas de trabajo asociado o sociedades laborales.
- Sistema de empleo con apoyo: conjunto de actividades de orientación y acompañamiento individualizado que prestan personas preparadoras laborales especializadas, en el propio puesto de trabajo, a trabajadores y trabajadoras con discapacidad y con especiales dificultades de inserción laboral que realizan su actividad en empresas normalizadas del mercado ordinario de trabajo. Está regulado en el Real Decreto 870/2007.
- Las fijadas para el empleo público: la cuota de reserva de plazas para personas con discapacidad en todas las Administraciones Públicas es del 7%, se establece en la Ley 7/2007 y se regula para la AGE en el Real Decreto 2271/2004. Así, en las pruebas selectivas de ingreso, las personas con discapacidad disponen de las adaptaciones y los ajustes razonables necesarios de tiempos y medios para su realización y, en su caso, la preferencia en la elección de plazas y la adaptación del puesto de trabajo.
El trabajo protegido se ha diseñado para los casos en los que la persona con discapacidad puede ejercer una actividad laboral pero no en el mercado ordinario.
- Centros Especiales de Empleo (CEE), regulados por Real Decreto 2273/1985 , pueden ser públicos o privados y realizan un trabajo productivo y asistencial, aseguran una remuneración para las personas trabajadoras y tienen como objetivo fundamental la integración del mayor número de personas con discapacidad al mercado ordinario. El trabajo de los CEE se ha actualizado mediante el Real Decreto 469/2006 , que moderniza los Servicios de Ajuste Personal y Social, que permiten ayudar a superar las barreras y dificultades que tienen las personas trabajadoras con discapacidad de los Centros en el proceso de incorporación y permanencia en un puesto de trabajo.
- Enclaves laborales, regulados en el Real Decreto 290/2004 y que consisten en el traslado temporal de un grupo de personas trabajadoras con discapacidad de un CEE a las instalaciones de una empresa del mercado ordinario de trabajo, para el desarrollo de una actividad productiva, a través de un contrato de arrendamiento de servicios entre el centro y la empresa. El objetivo final de los enclaves laborales es facilitar la transición desde el empleo protegido al empleo ordinario.
Las principales razones por las que el empleo favorece la plena inclusión de las personas con discapacidad:
1. Incrementa la autoestima
Al desempeñar un puesto de trabajo, las personas con discapacidad se demuestran a sí mismas y a la sociedad de lo que son capaces de hacer. El empleo aumenta la autoestima. Para ello, las personas con discapacidad solo necesitan tener a su disposición las herramientas necesarias para que puedan desarrollar su trabajo plenamente, como cualquier otro profesional.
2. Fortalece las relaciones sociales
A través del empleo, las personas con discapacidad no solo se incorporan a la realización de unas tareas determinadas, sino a un equipo de trabajo diverso, que les permite reforzar sus relaciones sociales, fuera del ámbito de la discapacidad. El trabajo en equipo sirve para aprender a colaborar con otras personas, con cualidades y características distintas, pero que enriquecen y ayudan a que la persona con discapacidad y el resto del equipo crezcan, tanto personal como profesionalmente.
3. Proporciona autonomía e independencia económica
El empleo permite que las personas con discapacidad obtengan una remuneración económica, de modo que pueden afrontar por sí mismos, o contribuir, a algunos gastos básicos de vivienda, alimentación, formación ocio, etc. Además, el hecho de desempeñar un trabajo remunerado permite a las personas con discapacidad sentirse parte activa de la sociedad y de la economía productiva, aportando parte de sus ingresos al Estado a través del pago de impuestos. Todo ello normaliza su vida y hace que la persona con discapacidad se sienta un ciudadano más.
4. Desmonta estereotipos
El empleo incentiva el conocimiento y convierte a los trabajadores en especialistas en su materia. Para las personas con discapacidad, este hecho es especialmente destacado, en la medida en que se convierten en profesionales expertos y desmontan estereotipos asociados a su profesionalidad, demostrando que son válidos y competentes y que, además, se “ganan la vida” por sí mismos.
5. Previene la exclusión social
A la luz de las razones expuestas anteriormente, queda patente cómo una persona con discapacidad puede encontrar en el empleo un vehículo para prevenir y vencer la exclusión social. A través del desempeño de un puesto de trabajo, la persona con discapacidad obtiene ingresos, incrementa su autoestima y amplía su círculo social, aspectos clave, en definitiva para normalizar su vida.